A partir del 1 de marzo de 2016 comienza a regir en general la ley de Inclusión Escolar, que busca regular la admisión de los estudiantes en los colegios, eliminar el financiamiento compartido y prohibir el lucro, garantizando el derecho de niños y jóvenes a recibir una educación gratuita.
Con el fin del lucro todos los establecimientos que reciben aportes del Estado deben invertir los recursos públicos para mejorar la calidad de la educación.
Gratuidad progresiva
Este proceso se irá ejecutando de manera progresiva para que las escuelas logren adaptarse al nuevo sistema. De esta forma, se busca acabar con el financiamiento compartido, terminando con el pago de las mensualidades que realizan padres y apoderados.
A partir de esto, y dependiendo de la situación en la que se encuentre cada establecimiento, se estima que para 2018 el 93% de los alumnos estudiarán de manera gratuita en Chile.
Se prohíbe cancelar la matrícula de los alumnos
Los establecimientos que reciben aportes del Estado no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar a alumnos por:
- El no pago de obligaciones contraídas por los apoderados.
- Rendimiento escolar.
- Necesidades educativas.
- Causas políticas e ideológicas.
Las medidas de cancelación de la matrícula o expulsión tendrán que estar descritas en el reglamento interno del colegio, siempre que se trate de conductas que atenten contra la seguridad de alguno de los miembros de la comunidad escolar. Sin embargo, no se podrá expulsar a un alumno en periodos que impidan la matricula en otro establecimiento.
Las notas tampoco serán un impedimento para la renovación de la matrícula. Los alumnos que repitan tendrán derecho a cursar el mismo año escolar en el establecimiento en al menos una oportunidad en la enseñanza básica y otra oportunidad en la educación media.
Fuente: www.chileatiende.cl
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